A partir de la implementación del Protocolo de Kioto en 1997, cuyo objetivo fue la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se dio origen, entre otras herramientas, a los bonos de carbono. Estos bonos, también conocidos como créditos de carbono, son un instrumento financiero que permiten a las empresas y/o los países evitar o compensar sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través de la compra o financiación de un proyecto de reducción de emisiones. Un bono equivale a una tonelada de dióxido de carbono equivalente (T CO2 eq), dado que los gases de efecto invernadero (GEI) son varios, y el más conocido es el CO2, se optó por utilizar al mismo como medida de referencia. Con la firma del Protocolo, el carbono se transformó en un commodity dado que existen mercados en donde empresas y países comercializan dichos bonos, quedando el precio descubierto (determinado) por las fuerzas de la oferta y demanda de tales mercados.

Dentro de las actividades que emiten créditos de carbono se encuentra la categoría agricultura, silvicultura y uso de la tierra, disposición de residuos, procesos químicos/ manufactura industrial, dispositivos domésticos/comunitarios, eficiencia energética/reemplazo de combustibles y energía renovable. En particular, esta última experimentó una participación del 55% en el total de emisiones para el 2022, sin embargo, dada la caída en los costos de producción, el interés económico recae en la actividad en sí desplazando el incentivo a emitir y ofrecer bonos de carbono, por lo tanto, nuevas categorías aparecen en escena. En este caso se observa un crecimiento en la reducción de emisiones por parte de la agricultura, en tanto que actividades forestales y uso de la tierra si bien disminuyó la cantidad ofertada para 2022 en comparación a 2021, está ganando mayor terreno con posibilidades de expansión.

Los bonos se operan en mercados que pueden ser nacionales, subnacionales o internacionales y, se clasifican en dos grupos, por un lado, el mercado regulado y por otro el voluntario. El primero es una herramienta que pone limite a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que una empresa genera en un determinado tiempo, a través de regulaciones por parte de los estados nacionales o subnacionales, o a través de organismos internacionales como las Naciones Unidas. La idea del mercado regulado es que las empresas que emiten menos dióxido de carbono que el límite permitido puedan comercializar ese excedente con otras empresas que superen dichos valores. Dentro de los beneficios que conllevan esta actividad se encuentra un mayor control sobre el procedimiento.

Por su parte, el mercado voluntario, que surgió como instrumento complementario en pos de la lucha contra el cambio climático, consiste en la compensación de emisiones de carbono por parte de las empresas, organizaciones y personas individuales sin estar sujetos a regulaciones y controles oficiales sino más bien a certificaciones con estándares y metodologías. La ventaja de acceder a este tipo de mercado es que moviliza al sector financiero privado, sumado a que contribuye al cumplimiento de otros objetivos como es la utilización de energía renovable, desarrollo económico y social, etcétera.

Dentro de los mercados regulados, se encuentran los Certificados de Reducción de Emisiones (CER por sus siglas en inglés), que consiste en un instrumento estandarizado de compensación de emisiones que se consigue a través de un proyecto de reducción emitido por el consejo ejecutivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Las Unidades de Remoción (RMU por sus siglas en inglés) que se obtienen a través de proyectos relacionados al uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura, ya que se quiere aprovechar el hecho de que el CO2 atmosférico se puede acumular como carbono en la vegetación y los suelos.

Finalmente, en cuanto a las Unidades de Reducción de Emisiones (ERU por sus siglas en inglés), se realiza a través de una implementación conjunta ya que implica el compromiso de reducción de emisiones por parte de un país (a través de las ERU) y la inversión que recibirá el país que efectivamente realizo esa reducción.

Por su parte, el mercado voluntario se guía por estándares cuantitativos llamados así porque existe un método estandarizado que permite determinar la reducción de emisiones que se logra a raíz de un determinado proyecto, y los estándares no cuantitativos que se basan en evaluar el impacto social, económico y ambiental de los proyectos, esta se utiliza como complemento de la anterior.

De acuerdo con Ecosystem Marketplace para el año 2023, el precio promedio de los créditos de carbono en el mercado voluntario experimentó una baja respecto al periodo precedente, esta baja del 5% ubicó al precio en USD 6,97 por tonelada. Mientras que en el 2022 el precio promedio, USD 7,37 por tonelada, se posicionó como el más alto de los últimos 15 años y un 82% por encima del precio del 2021 (USD 4,04 por tonelada).

En particular para el sector de la agricultura, en 2022 se presentó el mejor precio promedio comparado con el resto de las categorías, posicionándose en USD 11,02 por tonelada, lo que implicó que se ubicara un 14% por encima del precio 2021. En lo que se contabilizó en los meses de enero a noviembre de 2023 el precio promedio de las transacciones registradas fue de USD 6,43 por tonelada.

En cuanto al volumen de créditos comercializados, a partir de 2022 se observa un boom en la cantidad de proyecto agrícolas y, según Ecosystem Marketplace, se espera que este incremento continúe, también en los sectores de silvicultura y usos del suelo. En particular para la agricultura, se emitieron más de 3,7 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (tCO2e), que implicó un aumento del 283% respecto del año anterior.

Mientras que, por el lado del valor, que surge de la multiplicación entre el precio y el volumen, fue de USD 41,7 millones en 2022, que implicó que se situara un 338% por encima del valor precedente.

Las actividades compensadoras de carbono que se incluyen dentro de la categoría agricultura están relacionados a la gestión sostenible de tierras agrícolas y pastos, gestión del estiércol y las emisiones por fertilizantes, además reducción de metano a través de sistema de biodigestores y cultivo sostenible del arroz.

En Córdoba, a través del Ministerio de Servicios Públicos, se llevó a cabo el programa de reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero, el cual constituyó una prueba piloto de cómo podría funcionar un mercado voluntario de Unidades de Carbono Verificado (UCV´s) en la provincia.

En ella participaron quienes actuaron como oferentes de UCV´s, es decir las instituciones que a través de distintos proyectos generaron disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, así intervinieron cincuenta y dos empresas dedicadas a la generación de energía fotovoltaica, trece industrias que accedieron al gas natural en reemplazo de combustibles fósiles de alta intensidad de carbono, dos empresas generadoras de biogás, una empresa generadora de biodiesel y una empresa de actividad comercial que certificó y mantuvo el sistema de Gestión de la Energía en concordancia con la norma ISO 50001.

En la tabla se presentan a las industrias que accedieron al gas natural como las que mayores emisiones validadas tuvieron con 17.103 toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2 eq). En segundo lugar, se posiciona la actividad de generación de biogás que redujo 7.233 t CO2 eq y en tercer puesto se ubicó la generación de biodiesel con 1.916 t CO2 eq. Los restantes oferentes compensaron menos de mil toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Como se puede observar, ninguno de los oferentes antes mencionados está relacionados directamente a la agricultura, pero si a los subproductos que se obtienen de las cadenas agroindustriales como lo es el biodiesel (biocombustible obtenido del aceite de soja) y el biogás (que se puede obtener a través de los desechos de la actividad ganadera).

Por su parte, los compensadores son aquellas instituciones públicas o privadas con interés en contrarrestar sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. En esta prueba lo constituyeron agentes del Ministerio de Servicios Públicos, en particular, 69 empresas contratistas de obras públicas, 36 funcionarios públicos y 22 organismos u otras entidades públicas o privadas.

Considerando las emisiones directas que se verificaron (que se adquirieron para compensar), en primer lugar, se encuentran los organismos dependientes con más del 81% de participación, que se traducen en 22 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. En segundo lugar, las empresas contratistas con 4.874 t CO2 eq y finalmente los funcionarios públicos con 81 toneladas de CO2 eq.

A partir de la toma de conciencia sobre los efectos adversos que implica el actual cambio climático se han desarrollado diversas herramientas para poder combatirlo, tratando de ponerle un freno e incluso revertir dicho proceso. En este contexto, surge el mercado de carbono, un sistema de comercio que permite el intercambio de bonos o créditos de carbono entre distintas unidades de comercialización a fin de compensar las emisiones de dióxido de carbono.

Entre los beneficios podemos mencionar, en términos generales, la creación de empleo, ingresos, implementación y cobro de impuestos (como el impuesto al carbono sobre los combustibles fósiles en Argentina) y la generación de inversiones sobre los sectores involucrados. Sumado a lo anterior, también es plausible resaltar que este mercado podría impulsar la competitividad en otros mercados regionales como el de energía renovables, el forestal, entre otros.

Entre las muchas categorías emisoras de bonos se encuentra la agricultura que, si bien genera una gran cantidad de las emisiones de GEI, también, son actores importantes en el escenario de la compensación.  En particular, Córdoba se inicia en el mercado voluntario de bonos de carbono, donde algunas iniciativas se relacionan con la agroindustria como es la reducción de emisiones a partir de la generación de biogás y de biodiesel, dando así cuenta del gran potencial con que esta provincia cuenta.